Fui a Ciudad de México y vi algo que no debería sorprenderme, pero me detuvo. Un edificio completo, en realidad tres, operando como un hotel algorítmico. Personas entrando y saliendo con maletas. Departamentos que alguna vez fueron hogares, ahora convertidos en inventario de Airbnb. No estaba viendo vivienda. Estaba viendo infraestructura de extracción funcionando a plena capacidad. Y entonces apareció la pregunta inevitable: ¿qué hace el Estado cuando una plataforma privada reordena la ciudad entera sin pedirle permiso a nadie?
El problema no es la app, es quién decide las reglas
Airbnb no es hegemónica porque sea la mejor aplicación. Lo es porque resolvió primero el problema de la escala. Eso generó un efecto de red brutal: aunque otra plataforma sea técnicamente superior o éticamente más deseable, no puede competir en flujo. Y sin flujo, no hay negocio. El mercado dejó de ser «libre» y se volvió cerrado por inercia.
El problema de fondo no son solo las comisiones cercanas al 30%, ni siquiera la reciente retención automática de impuestos. El problema es que el excedente generado por activos locales (vivienda, ciudad, comunidad) se consolida fuera del país, mientras los costos sociales (gentrificación, encarecimiento de rentas, desplazamiento) se quedan aquí.
Lo mismo ocurre con Mercado Libre. Ya no es una app: es infraestructura logística continental. Bodegas, flotillas, sistemas de pago, «scoring crediticio», datos. La barrera de entrada dejó de ser alta: es prácticamente infranqueable. Entonces la pregunta real no es solo cómo compites contra eso, sino algo más incómodo: ¿Cómo lo mejoras cuando ya es infraestructura?
La respuesta honesta es que no se compite desde el individuo, ni siquiera desde una empresa tradicional. Se compite únicamente desde iniciativas masivas, coordinadas y con respaldo institucional.
La pregunta correcta no es «¿regular o no regular?». Es más profunda: ¿qué rol debería jugar el Estado cuando emergen hegemonías digitales que reordenan la vida urbana y económica?
No hablo solo de límites o de más impuestos. Hablo de crear asimetrías positivas a favor de iniciativas nacionales y colectivas. Porque competir «en igualdad de condiciones» contra un monopolio de red es una ficción liberal que ya no se sostiene.
Imaginemos una plataforma mexicana, operada como Asociación Civil o Sociedad de Beneficio Colectivo, que tenga comisiones más bajas si reinvierte localmente, priorice vivienda habitacional sobre especulación, transparente sus algoritmos, y devuelva parte del valor en mejoras urbanas o créditos comunitarios.
Y que, a cambio, reciba impuestos diferenciados, prioridad en licitaciones, acceso a datos públicos, e interoperabilidad con sistemas estatales. Y es que eso no es subsidio, es política industrial digital del siglo XXI, no para «matar a Airbnb», sino para introducir una alternativa viable. Algo que hoy no existe porque el Estado aún no ha desarrollado un marco para pensar las plataformas como bienes estratégicos.
De la idea al laboratorio: por qué sembrar árboles nuevos. Somos un sistema humano profundamente complejo. Las ciudades operan por inercia, y entre más grande es la organización, más difícil es cambiar su rumbo. Por eso suele ser más eficaz sembrar un árbol nuevo que intentar reformar uno que ya creció torcido.
El problema es que, en nuestros gobiernos, cualquier planta distinta suele verse como plaga o amenaza al ecosistema existente. El reto, entonces, no es imponer modelos, sino permitir laboratorios sociales como entes libres. Y eso sí es político. Eso sí debe estar respaldado. Eso es peligroso, en el buen sentido. Porque no se trata de una política pública tradicional, sino de algo más delicado: el derecho a experimentar socialmente. No sustituir al Estado. No competir con él. Sino habilitar zonas de prueba vivas, con reglas distintas, observables y reversibles. Nada le incomoda más a un sistema que la crítica… excepto la evidencia funcional de que otra forma es posible.
Las condiciones para no ser vistos como plaga
Si un laboratorio social quiere ser visto como vivero y no como amenaza, necesita cumplir al menos estas condiciones:
- Transparencia radical. Documentación pública de procesos, aprendizajes y fracasos. Rendición de cuentas clara, sin esconderse tras la «autonomía».
- Resultados medibles y transferibles. Conocimiento sistematizable, replicable. Impacto social verificable, no solo narrativas inspiradoras.
- Complementariedad, no confrontación. Resolver problemas que el Estado no puede o no sabe experimentar. Funcionar como I+D social.
- Cumplimiento regulatorio mínimo. Operar dentro del marco legal, incluso en sus márgenes. Pagar impuestos. Tener figuras jurídicas claras.
- Permeabilidad institucional. Permitir que funcionarios estudien y documenten el experimento. Crear puentes reales: pasantías, colaboraciones, asesorías bidireccionales.
- Sostenibilidad demostrable. No depender perpetuamente de subsidios. Mostrar viabilidad económica, aunque sea modesta.
El Estado suele ver como plaga lo que no entiende, no puede medir o percibe como amenaza. Ve como vivero lo que amplifica su capacidad sin cuestionar su legitimidad fundamental. Si tuviera que decirle al Estado en una sola frase por qué debería proteger un laboratorio social libre en lugar de sofocarlo, sería esta:
«Somos el lugar donde puedes equivocarte sin que te cueste el presupuesto ni las elecciones.»
Esa frase creo que desactiva el miedo central del poder. Reconoce algo que todo funcionario sabe, pero casi nadie dice: el costo del error público es desproporcionado. Un fallo pequeño puede tumbar carreras, presupuestos y legitimidad. El laboratorio no niega el error. Lo absorbe. Lo traslada a un espacio donde produce aprendizaje en lugar de castigo. En otras palabras: déjanos fallar aquí para que tú no tengas que fallar allá.
El primer error grande del gobierno es ver a la seguridad pública como guerra, si me preguntan qué error del sistema debería «equivocarse» primero en un laboratorio como Tantuyo, mi respuesta es clara: la seguridad pública entendida como guerra y no como tejido social. México lleva décadas apostando a que más policías, más militares y más cárceles producen seguridad. El resultado: más de 400 mil personas asesinadas desde 2006, presupuestos billonarios y regiones donde la militarización convive con la violencia crónica.
El experimento que propongo es concreto: Crear un modelo replicable de seguridad comunitaria basada en propósito compartido en un barrio específico de Guadalajara. No como programa social paternalista, sino como economía de proximidad que vuelva innecesario el reclutamiento del narco, espacios culturales entendidos como infraestructura de convivencia, sistemas comunitarios de resolución de conflictos que compitan con la violencia, y métricas claras: reducción de denuncias, aumento de confianza vecinal, permanencia educativa.
¿Por qué este error? Porque el Estado no puede experimentar con seguridad sin costos políticos inmediatos. Cada fracaso cuesta vidas y credibilidad. Tantuyo sí puede fallar diez veces a escala barrial, documentar qué funciona y ajustar antes de que el Estado apueste presupuesto real. Si funciona en un barrio, el Estado obtiene un blueprint. Si falla, aprendemos sin que nadie pierda elecciones.
Una vez le pregunté a mi coordinadora en la universidad cómo competir contra el hecho de que los estudiantes usan constantemente el celular o la laptop. Me respondió algo muy simple: «Sé mejor que el celular y la laptop, y tendrás su atención.» Esa metáfora creo que explica mucho, y es que el narco no gana porque sea más violento. Gana porque, para muchos jóvenes, es mejor que el Estado en algo muy concreto: sentido inmediato, pertenencia, identidad, estatus, narrativa. El Estado ofrece reglas. El narco ofrece historia.
El Estado tiene todo para reclutar más en propósito: recursos, legitimidad, capacidad de acción. Lo que ha perdido es capacidad de reclutamiento simbólico. No venimos a reemplazarlo. Venimos a mostrarle cómo volver a ser mejor que las alternativas que hoy lo superan. Y así como el profesor no le gana al celular prohibiéndolo, el Estado no le gana al narco militarizándolo indefinidamente. Le gana cuando es más interesante que la violencia, más digno que el miedo, más atractivo que el dinero rápido y más real que el discurso.
No combatimos el crimen: lo volvemos innecesario…. si Tantuyo logra ser, en un barrio concreto, más atractivo que el narco, más significativo que el abandono, y más estimulante que la violencia, entonces habrá probado algo que ningún discurso de seguridad ha logrado en veinte años: no que la gente obedece, sino que elige.
Y eso es infinitamente más estable. No se trata de ideas brillantes se trata de responsabilidad pública puesta a prueba.
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